lOGO ABCES U

 

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Juan Sebastián Cardona Tinoco**

 

El Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, en un inciso 4, establece:


“Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.” (República de Colombia, 1991)


De las figuras indicadas en precedencia, la del arbitramento ha generado entre la doctrina y los círculos de discusión del derecho, reacciones distantes entre los diferentes actores del mismo, pues, mientras algunos lo consideran como el mecanismo idóneo de administración de justicia, por la posibilidad de integrar el Tribunal con las personas de alto conocimiento en la materia objeto de litigio y, personas altamente calificadas en materias especializadas; otros lo consideran como una figura arcaica que no es más que una manifestación de los mecanismos de justicia privada, ya superados por el poder jurisdiccional del Estado.


En razón a lo anterior, este escrito se centrará en los aspectos esenciales del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos de naturaleza hetero-compositiva, que debe conocer la comunidad en general en aras de utilizar mecanismos alternos y en ocasiones mucho más eficientes que la jurisdicción ordinaria.

 

¿Qué es el arbitraje?
La Ley 1.563 de 2.012, manifiesta en su artículo 1, que: “El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice.”


En consonancia con lo dispuesto por la ley, es pertinente afirmar que, el arbitraje es el mecanismo de solución de controversias alterno a la jurisdicción ordinaria, de carácter oneroso (a excepción del caso del arbitraje social, regulado por el artículo 117 de la Ley 1563 de 2012), y, por audiencias, mediante las cuales las partes involucradas en un conflicto, delegan la solución de este a un número impar de abogados denominados árbitros, quienes tienen la facultad de administrar justicia para el caso concreto y profieren una sentencia que se denomina laudo arbitral.

 

¿Cómo se delega la resolución de un conflicto al arbitraje?
Para acudir al arbitraje es necesario que exista un acto jurídico entre las partes, al cual se le ha denominado pacto arbitral, en el cual las partes intervinientes, manifiestan su intención de acudir a la justicia arbitral en reemplazo de la justicia ordinaria, esto, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad privada, así, las partes intervinientes en un contrato pueden prever la eventual existencia de un conflicto e incluir una “cláusula compromisoria” en el contenido de su acuerdo, como también, una vez surgidas las diferencias entre las partes pueden suscribir un “contrato de compromiso”.


¿Qué es una cláusula compromisoria?
La cláusula compromisoria es un acto jurídico de carácter autónomo e independiente al contenido de un acuerdo entre las partes, aún de encontrarse trascrito en él mismo, es decir, es un acuerdo entre las partes de un contrato para definir el trámite al que serán sometidas las controversias que se pudieren llegar a presentar en virtud del suscrito contrato.


Así las cosas, puede la misma estar incluida en el contenido del acuerdo o ser pactada en documento independiente, siempre y cuando, se haga referencia a las partes intervinientes y el acuerdo específico al cual será aplicable el pacto arbitral.


¿Qué es un compromiso?
El compromiso, es un documento mediante el cual, las partes, una vez surgido el conflicto, determinan que someterán la resolución del mismo a la justicia arbitral. Dado su carácter consensual, el compromiso, según lo dispone la Ley 1263 de 2012, podrá constar en cualquier documento, que contenga:


1. Los nombres de las partes.


2. La indicación de las controversias que se someten al arbitraje.


3. La indicación del proceso en curso, cuando a ello hubiere lugar. En este caso las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquel.

 

¿Por qué someter un asunto a la decisión de un tribunal de arbitramento?
Son muchos los motivos que pueden llevar a las partes a realizar un pacto arbitral, así que se enunciaran algunos de los más relevantes.


a) Duración del trámite:
Según lo dispone la Ley 1263 de 2012, salvo manifestación en contrario, el término del proceso arbitral será de seis (6) meses después de finalizada la primera audiencia de trámite, prorrogables máximo hasta seis (6) meses más.


b) Especialización e idoneidad:
Los árbitros, naturalmente, son expertos en los asuntos objeto de discusión, con alta trayectoria profesional y calidades jurídicas y morales, que dan garantía a las partes respecto al solucionador de su conflicto.


c) Plenos efectos legales:
El laudo arbitral se asemeja a una sentencia y, por lo tanto, la decisión tomada por los árbitros es de obligatorio e inmediato cumplimiento.


d) Imparcialidad:
Los árbitros son profesionales independientes que deben asumir los poderes de juez solo para el caso concreto, brindando así a las partes todas las garantías procesales.

 

Referencias:
• República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1.563 de 2.012. “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones.” Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html. (mayo de 2017)

 

• Gaviria, E. (1989). Lecciones de derecho comercial (Tercera Edición). Medellín: Biblioteca Jurídica DIKE.

 

• República de Colombia. Constitución Política de 1991. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co (mayo de 2017).

 

Revisión metodológica: Clara María Mira González, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad CES.


*El ABCES que se presenta a continuación hace parte del requisito solicitado por la Universidad CES al estudiante, como parte de su práctica profesional empresarial. Fue asesorado por el Doctor José David Arenas Correa.

**Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.